Un Canciller suelto en las Malvinas y por qué el silencio del Gobierno Nacional puede ser letal en la Causa Malvinas

El ex primer ministro y actual Canciller del Reino Unido, David Cameron, llegó a las Islas Malvinas a reafirmar la pretensión británica de soberanía sobre el archipiélago.

Esta visita se da luego de la reunión bilateral que mantuvo con el presidente Javier Milei, en la que este último aseguró que “se iba a poner en agenda el tema Malvinas, respetando los derechos de los isleños”.

No es nueva la posición de la actual administración sobre el tema Malvinas, ya en varias oportunidades supieron pronunciarse en contra de los intereses nacional, considerando la Cuestión Malvinas como algo menor frente a la posibilidad de generar un intercambio comercial con las Islas Británicas.

Javier Milei nunca fue adepto a esta causa, hasta tanto en plena campaña electoral sus asesores de imagen le sugirieron virar su discurso ya que su visión pro británica habiéndose declarado un ferviente admirador de la Primer Ministra Margaret Thatcher estaba siendo cuestionado por gran parte de la sociedad argentina; fue así que tuvo que declarar que las Malvinas son Argentinas aunque “debía respetarse la decisión de los isleños”; en la misma sintonía declaraba la actual Canciller Diana Mondino, quien consideraba que la autodeterminación debía ser respetada.

Ahora bien, ¿es esto posible? ¿qué dice el Derecho Internacional sobre este tema?

Existen diferentes formas de adquisición de territorio, en nuestro caso particular para entender el origen de Malvinas en la historia nacional debemos remontarnos a la exploración por parte de los españoles del nuevo mundo.

Es en esta línea que, en el año 1520, Esteban Gómez descubre las Islas figurando desde ese momento en los mapas de la época como territorio no ocupado, pero parte de la Corona Británica; esto en miras de la Bula Papal de 1493 y el Tratado de Tordesillas de 1494.

Los británicos recién avistan las islas en el año 1592, y reconocen vía tratado internacional la soberanía española en 1670 sobre toda la región austral de América sin presentar protesta alguna sobre el archipiélago.

En el año 1713, se firma la “Paz de Utrecht”, signada por España, Francia e Inglaterra, asegurando así la integridad de las posesiones de la corona hispánica en América del Sur y confirmando su exclusividad en la navegación en el Atlántico Sur.

Como bien sabemos en 1776 se crea el Virreinato del Rio de la Plata, y posteriormente con las guerras de la independencia nuestro país se declara libre del Reino de España en 1816, pasando a administrar desde ese momento los territorios españoles que conformaban dicho Virreinato, dentro del cual se encontraban las Islas Malvinas.

La República Argentina toma real ocupación en el año 1820, instalando luego población permanente a partir del año 1823 con Luis Vernet como Gobernador de las Islas.

De este modo nuestro país administró el archipiélago hasta 1833 cuando llegó al Puerto Soledad un buque de guerra británico al mando del comandante Onslow, quien intimó al entonces Gobernador de las Islas José María Pinedo a entregarlas, lo cual hizo sin oponer resistencia alguna.

Es en este punto en el que la población argentina en Malvinas, comandados por el Gaucho Antonio Rivero, se rebeló contra el estado de situación reinante en las Islas, buscando defender los intereses nacionales que vilmente fueron entregados por Pinedo.

Los gauchos fueron atacados por efectivos británicos, detenidos y sometidos a juicio, siendo trasladados finalmente por la goleta Beagle a Inglaterra en calidad de prisionero.

Paralelamente desde Buenos Aires se protestó enérgicamente y se enjuició a través de un tribunal militar a Pinedo por su cobarde actitud.

Desde ese momento la Diplomacia Argentina ha protestado y abrazado el tema Malvinas como una cuestión de Estado; logrando su gran hito diplomático en la resolución 2065/65 de Naciones Unidas donde se reconoce el diferendo territorial y se insta nuestro país y al Reino Unido de Gran Bretaña a buscar una solución pacífica a la controversia.

Existe la artera y maliciosa intención de sostener que la guerra librada en 1982 rompió con dicha resolución y por lo tanto quedó clausurada la vía diplomática; versión totalmente desmentida por la Resolución 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de noviembre de 1982, reconociendo que la Guerra de Malvinas no alteró la vigencia ni la naturaleza de la disputa de soberanía de las Islas entre la Argentina y el Reino Unido, que continuó pendiente de negociación y solución.

De ahí que nuestro país debe reclamar y denunciar cualquier intento británico de avasallamiento sobre las Islas, no solo por nuestra historia sino porque así lo manda la Constitución Nacional en su disposición transitoria primera cuando reza: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”

Guardar silencio sobre la Cuestión Malvinas es altamente perjudicial para nuestro país en términos de derecho internacional porque se estaría reconociendo tácitamente la ausencia del diferendo y por lo tanto la pretensión británica.

Al llegar a las Islas David Cameron afirmo que espera que el territorio quiera seguir bajo administración del Reino Unido “mucho tiempo, posiblemente para siempre”.

Hasta este momento no existe reacción formal alguna por parte de nuestra Cancillería sobre el tema.