Las Universidades vuelven a marchar por la educación pública y contra el veto a la ley de financiamiento universitario

Los rectorados, los gremios universitarios, las centrales sindicales, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y miles de personas de a pie se preparan para otra marcha universitaria que, se espera, tendrá la contundencia de la que ocurrió en abril y logró que el Gobierno de Javier Milei tuviera que reconocer los gastos de funcionamiento de las instituciones.

En tanto, el presidente continuó en la línea beligerante de pedir auditorías a las universidades nacionales para rastrear “alumnos inventados” (aunque, como ya le explicaron, esto no impacta en el presupuesto asignado hace décadas). Milei también compartió estimaciones de José Luis Espert según las cuales los docentes universitarios cobran millones de pesos de sueldo. Si siguen en esta línea, próximamente, les hablarán de que tienen propiedades en las islas caimán.

Un día antes de que se venza el plazo para que Milei vete la Ley de Financiamiento Educativo, volverá a haber una Marcha Federal Universitaria, convocada esta vez por el el Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (estudiantes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a las que acompañarán la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. La convocatoria principal será el miércoles a las 17 en el Congreso (donde se intenta que se rechace el veto), pero habrá movilizaciones a lo largo de todo el país.

Este evento, que busca visibilizar el rechazo a las medidas que amenazan la educación pública, intenta demostrar el descontento general imperante ante la falta de presupuesto para la educación pública.

Se espera que miles de personas se unan en defensa de los derechos educativos y la autonomía universitaria. Las consignas incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, pilares esenciales para garantizar el acceso a la educación de calidad en el país.

Las agrupaciones universitarias y gremios docentes sostienen que la falta de presupuesto en las universidades públicas está afectando gravemente tanto el nivel académico como el acceso equitativo. “La educación pública es un derecho, no un privilegio”, es una de las frases que más resuena en las convocatorias.

La ley de Financiamiento a Universidades Nacionales —proyecto presentado por la Unión Cívica Radical— fue aprobado por el Congreso el pasado 13 de septiembre. La norma propone que, para los gastos de funcionamiento, se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.

Por otro lado, plantea la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior con nuevos criterios para la distribución presupuestaria, control de gastos, y demás.

Y por último, en el marco de la emergencia universitaria, el proyecto de Ley del radicalismo autoriza al Gobierno a realizar la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023.

La Casa Rosada tiene plazo hasta el 3 de octubre para publicar el veto en el Boletín Oficial, fecha en la que se cumplirán diez días hábiles desde que la norma fue enviada del Senado a la Secretaría Legal y Técnica. Tanto los funcionarios como el Presidente han anticipado que se opondrán a la ley, lo que obligará al Congreso a ratificar la decisión.

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