El Gobierno Nacional limita contratos estatales que perjudican a trabajadores mayores de 65 años

El Gobierno Nacional resolvió que los contratos de empleados estatales mayores de 65 años solo podrán renovarse por un máximo de seis meses, incluso cuando no hayan alcanzado los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. La normativa, firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, establece que cada organismo deberá adjuntar obligatoriamente la intimación a jubilarse en los pedidos de renovación.

La medida afecta directamente a miles de trabajadores que quedarán sin posibilidad de completar los años de aportes, ya que la moratoria previsional fue eliminada en 2023. En este escenario, quienes no cumplan con los requisitos solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto actual es de $279.443, muy por debajo de la jubilación mínima y sin acceso a los mismos beneficios.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) remarcaron que la resolución tampoco contempla excepciones por razones de criticidad, como cuando un organismo cuenta con dotación mínima o depende de técnicos con experiencia única para cumplir tareas esenciales.

ATE advierte sobre despidos masivos y vulneración de derechos constitucionales

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana” y alertó que “condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad de jubilarse”. Según el dirigente, la medida abre la puerta a una nueva ola de despidos sin precedentes, afectando especialmente a quienes están cerca de jubilarse.

Aguiar sostuvo que el Gobierno presiona a empleados con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle, lo que vulnera el derecho constitucional a la previsión social. “Esto no pasó nunca. No existen precedentes. Tiene que retrotraerse, tiene que ser inmediatamente derogada”, exigió.

El referente estatal también advirtió que esta disposición se suma a otras políticas que deterioran las condiciones laborales, como el recorte del 20% en la Jefatura de Gabinete y la falta de convocatoria a paritarias en un contexto de salarios cada vez más deteriorados. “Es el Gobierno el que sigue acumulando medidas contrarias a los intereses de los trabajadores y será el responsable de acelerar la conflictividad”, concluyó.