Las becas Progresar son una política de Estado

De acuerdo con el texto, aprobado por el Senado a fines de septiembre y promulgado a través del Decreto 527/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial, para acceder a las becas, los beneficiarios deberán acreditar regularidad en una institución educativa o a cursos o centros de formación acreditados por el programa, además de realizar un control anual de salud y de los ingresos individuales o del grupo familiar, que no deben ser superiores a tres salarios mínimos.

Además, deberán ser argentinos –naturalizados o nativos- o, en el caso de ser extranjeros, contar con DNI y residencia legal de entre 2 y 5 años en el país.

El programa, de carácter intransferible, es compatible con otros programas sociales, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), pensiones por discapacidad, tarjeta Alimentar, además de otras becas de carácter académico, de investigación o de extensión.

Serán considerados como grupos prioritarios aquellos estudiantes en condición de vulnerabilidad multidimensional, y los que cursen niveles con obligatoriedad escolar –en este caso, la secundaria- o, en el nivel superior, aquellos que realicen carreras consideradas como estratégicas, en virtud de los requerimientos de profesionales para el desarrollo social y productivo del país.

La autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación, deberá realizar una evaluación anual del programa para conocer su implementación y funcionamiento.

También tendrá la potestad de ampliar eventualmente el universo de beneficiarios entre los 15 y los 35 años, según señala la normativa.

Del mismo modo, si bien abarca a las instituciones educativas públicas, el Ministerio podrá incorporar también a instituciones privadas que cumplan con requisitos y procedimientos oportunamente establecidos.

Se establece también que los beneficiarios tendrán derecho a ser titulares de una tarjeta de débito en donde se acreditará la beca y a postularse a becas internacionales y programas del Estado con cupos especiales para los inscriptos.

El programa, creado en 2014, destina en la actualidad el 54% de sus becas al nivel obligatorio, el 24% para el nivel superior y el 15% para el nivel universitario, alcanzando a 2 millones de jóvenes este año.

Las becas buscan acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios o, en su defecto, los retomen en el caso de haberlos abandonados.

Además, apuntan a ampliar las oportunidades de formación técnico profesional y la inserción laboral, brindando también herramientas para que puedan acceder a dispositivos tecnológicos y conectividad.

La Ley también institucionaliza los denominados “Espacios Progresar” que consisten en tutorías y acompañamiento para los aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

Además de fortalecer las trayectorias educativas y articular con otras políticas públicas (como los deportes y la asistencia de consumos problemáticos), difundirán las nuevas convocatorias –que se harán, como mínimo, dos veces al año- y acompañarán las gestiones para inscribirse.