Más de 600.000 firmas contra la reforma de la Ley de Glaciares: el pueblo se organiza para defender el agua

La reforma de la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso recientemente, encendió la reacción popular que suena a alarma y a esperanza al mismo tiempo. Más de 600.000 personas ya firmaron la demanda colectiva impulsada por Greenpeace, FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Círculo de Políticas Ambientales. No es solo un número, son ciudadanos que se suman porque entienden que los glaciares no son un paisaje lejano, sino reservas de agua que sostienen comunidades, cultivos y ríos.

La iniciativa, que busca llegar a 1.000.000 adhesiones, funciona como un gesto colectivo para frenar una reforma que traslada la regulación de los glaciares a las provincias y quita herramientas de control al Ianigla‑Conicet. Para mucha gente, eso significa menos garantías para proteger el agua frente a la presión de la minería y otros intereses económicos.

La campaña nació después de audiencias públicas en las que se anotaron más de 100.000 personas para defender la ley, pero que, denuncian los convocantes, terminaron reducidas a la participación de apenas 200. Esa sensación de haber sido escuchados a medias alimenta la decisión de llevar la protesta a la Justicia: “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, dicen las organizaciones. Y la frase resume el ánimo de quienes firman ya que no se trata solo de una queja, sino de una apuesta a que la presión ciudadana pueda frenar una norma que muchos consideran regresiva.

Participar es sencillo quienes quieran sumarse pueden completar la adhesión online en https://www.demandacolectivaglaciares.org/ la firma no genera obligaciones legales individuales, pero sí aporta legitimidad y visibilidad al reclamo de inconstitucionalidad. Más allá del trámite, la convocatoria busca recuperar una idea más amplia, que el agua sea tratada como un bien común y no como una mercancía sujeta únicamente a intereses privados.

El conflicto tiene además un costado político que complica el panorama. Legisladores como Pablo Todero denunciaron la presión del lobby minero y circularon rumores sobre beneficios para quienes apoyaron la reforma, incluso viajes organizados por empresas del sector. En paralelo, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo colectivo y se esperan más acciones judiciales y provinciales que cuestionen la compatibilidad de la reforma con principios constitucionales y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.