¿Que pasa si el Senado aprueba la Ley de Bases y la Reforma Fiscal?

Desde las 10 de la mañana, el Senado se encuentra debatiendo La Ley de Bases y Reforma Fiscal mientras cientos de personas protestan contra una medida que de ser aprobada podría tener un impacto catastrófico en la vida de los ciudadanos y en el medio ambiente.

Entre los puntosas importantes se encuentra: más impuestos para la clase trabajadora, guardias sin profesionales, estafa laboral, menos jubilados, destrucción de la ciencia, el estado en venta, los ricos pagan menos y desprotección de los consumidores:

• Se restituye el Impuesto a las Ganancias para la 4ta Categoría. Pagarán 1,2 millones de personas y a finales de 2024 más de 2 millones.
• Se eliminan las exenciones para aguinaldo, horas extras y guardias. En el sector Salud, es un enorme retroceso y podría agravar la falta de profesionales en las guardias
• Se eliminan las multas para quienes tengan trabajadores no registrados.
• Se podrá cambiar el sistema de indemnizaciones por despidos sin justa causa, reemplazándolo por un Fondo de Cese Laboral al cual se aporta durante la relación de trabajo.
• El período de prueba se incrementa hasta un año.
• Se habilita el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por 12 meses (para luego despedirlos).
• Se elimina la moratoria para quienes tienen menos de 30 años de aportes.
• Quienes no cumplan los requisitos para jubilarse podrán acceder únicamente a una pensión a los 65 años (mujeres y varones) que consiste en el 80% del haber mínimo.
• Miles de personas no accederán a una jubilación mínima.
•  9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres,no podrán jubilarse por falta de aportes.
• Se le otorga el permiso al Estado de eliminar, fusionar o cambiar los fines para los cuales fueron creados muchos organismos.
• Destrucción de la CIENCIA ARGENTINA. Si bien quedarían excluidos de la medida el Conicet y otras reparticiones, como el INCAA, el Malbrán y la ANMAT, el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de modificar o eliminar las competencias y funciones que considere innecesarias de los organismos públicos.
• Se permite la privatización de empresas estatales: Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales.
• Algunas pueden pasar a ser mixtas o se las faculta a vender acciones:  Banco Nación, Nación Seguros, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nación Bursátil, Nación Servicios
• Se otorgan beneficios fiscales e incentivos en materia tributaria para quienes inviertan más de 200 millones de dólares en diferentes sectores.
• Se puede declarar hasta 100 mil dólares sin justificar origen ni pagar impuestos.
• Desregulación energética: El Poder Ejecutivo no podrá fijar precios. Se garantiza la maximización de la renta empresarial. Se brindan concesiones de 25 a 35 años.

El RIGI: Pasar sobre los derechos humanos y medio ambiente para favorecer a empresas multimillonarias

El proyecto que el Senado esta tratando plantea que los beneficios otorgados a las empresas adheridas al RIGI tengan prioridad por sobre el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente.

Los proyectos de inversión no podrán ser afectados por regulaciones sobre el suministro, transporte y procesamiento de insumos que puedan afectar el proceso productivo. De esta manera, en caso de escasez de agua o de energía, por ejemplo, la prioridad en el acceso a ambos recursos la tendrán las empresas sobre las personas.

Tampoco habrá controles para las obras de infraestructura que realicen las empresas. Ninguna ley podrá afectar esas obras, incluso si se trata de leyes de protección de derechos o del ambiente.

El RIGI también contradice el derecho de las comunidades indígenas a tener información adecuada y suficiente y a participar en los procesos de toma de decisiones que van a afectar a los territorios donde viven desde siempre.

El proyecto establece que cualquier ley, provincial o nacional, que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” el RIGI será declarada “nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”. Esto supone un avasallamiento no sólo a las autonomías provinciales sino también a uno de los principios más básicos de la democracia.