Reforma laboral 2026: el impacto en seguridad social, provincias y empleo

La reforma laboral 2026 que impulsa el Gobierno, comienza a debatirse mañana miércoles 11 de febrero en el Congreso y se encuentra en el centro del debate económico y político. Informes de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), del Instituto Argentina Grande (IAG) y del Cetyd de la Universidad de San Martín advierten que los cambios pueden reducir ingresos de la seguridad social, afectar la coparticipación provincial y aumentar la desigualdad en el mercado de trabajo.

El proyecto baja las contribuciones patronales: del 20,40% al 17,40% en comercio y servicios, y del 18% al 15% en el resto de los sectores. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con un aporte del 3% de los salarios. Según Aefip, esto significa menos recursos para jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares. El Estado debería cubrir el faltante, aumentando el déficit previsional.

La reforma laboral 2026 también reduce el Impuesto a las Ganancias para sociedades y elimina tributos como los que gravan seguros, celulares, autos y entradas de cine.  Al ser impuestos coparticipables, la baja afecta directamente a las provincias. Aefip calcula una pérdida de más de $3 billones. Solo la Ciudad de Buenos Aires dejaría de recibir más de $44 mil millones.

El IAG señala que la reforma favorece a las grandes compañías porque no distingue por tamaño. Todas las empresas acceden a la misma reducción de aportes en nuevas contrataciones, incluso las que tienen ganancias millonarias. El FAL también beneficia más a las firmas con alta rotación de personal, mientras que las pymes terminan subsidiando indirectamente a las multinacionales.

La reforma habilita que los convenios por empresa prevalezcan sobre los convenios generales, incluso si fijan condiciones peores para los trabajadores. Además, limita el derecho a huelga, amplía los servicios esenciales y crea la categoría de “trascendentales”, que deben garantizar al menos el 50% de la actividad durante conflictos gremiales.

También flexibiliza las horas extras con bancos de horas, permite fraccionar vacaciones y reduce aportes a las obras sociales, afectando el financiamiento del sistema de salud de los trabajadores.

El Cetyd estima que el costo fiscal de la reforma rondaría los 2.500 millones de dólares por año, equivalente a medio millón de jubilaciones mínimas. Según su análisis, el Estado deja de recaudar y transfiere esos recursos a las empresas para financiar indemnizaciones por despidos.

El Gobierno sostiene que la reforma generará empleo formal, pero los informes recuerdan que los mayores períodos de creación de trabajo en Argentina se dieron con más protección laboral. Entre 2023 y 2025 se perdieron más de 154 mil puestos privados registrados, lo que refuerza las dudas sobre la efectividad de la flexibilización.

La reforma laboral 2026 se presenta como una apuesta a la competitividad y la formalización. Sin embargo, los estudios muestran que puede significar menos recursos para la seguridad social y las provincias, más poder para las grandes empresas y condiciones laborales más débiles para los trabajadores.

Los críticos advierten que, lejos de modernizar, la reforma podría profundizar la desigualdad y dejar al Estado con menos capacidad para sostener jubilaciones, salud y empleo.