Discapacidad en alerta: familias y profesionales salieron a la calle contra los recortes y la falta de respuestas

La escena se repite, pero cada vez con más urgencia. Este miércoles, familias, profesionales y pacientes volvieron a movilizarse en distintos puntos del país para visibilizar una situación que, aseguran, ya no se puede sostener: la atención a personas con discapacidad está al límite.

Frente al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en pleno centro porteño, se concentraron trabajadores del sector junto a madres, padres y cuidadores. Hubo carteles, reclamos y, sobre todo, testimonios atravesados por la angustia. La protesta se replicó también en ciudades como Mar del Plata y Córdoba.

El reclamo apunta a dos frentes, por un lado, la exigencia de que el Gobierno cumpla con la ley de emergencia ya aprobada, por otro, el rechazo a un nuevo proyecto oficial que, según denuncian, podría recortar prestaciones y dejar a miles de personas sin cobertura.

“No es política, es la vida cotidiana”

Lejos de los tecnicismos, lo que se escuchó en la calle fueron historias concretas. Madres que no consiguen enfermeros, centros que no pueden pagar sueldos, profesionales que siguen trabajando sin saber cuándo van a cobrar.

Uno de los puntos más críticos es la situación del programa Incluir Salud, que acumula demoras en los pagos desde hace meses. Esa cadena de atrasos impacta directamente en quienes sostienen la atención diaria, desde terapistas hasta acompañantes y cuidadores.

“Esto no es una discusión política, es la vida cotidiana de nuestros hijos”, repetían algunas familias en la movilización. En muchos casos, explican, los servicios se mantienen gracias al esfuerzo personal o a acuerdos informales, pero advierten que ese esquema ya está agotado.

También los profesionales hablan de un sistema que se desarma. Honorarios congelados frente a la inflación, falta de insumos y condiciones cada vez más precarias hacen que muchos opten por dejar de prestar servicios.

Un sistema que cruje y un conflicto que escala

Mientras el Gobierno argumenta que busca revisar el sistema por posibles irregularidades, en el sector advierten que las decisiones actuales están teniendo un impacto inmediato. Menos prestaciones, menos cobertura y más incertidumbre para quienes dependen de esos servicios.

El temor más extendido es que, si no hay una respuesta urgente, se produzca un corte generalizado en la atención. No como medida de fuerza, sino como consecuencia directa de un sistema que ya no puede sostenerse.

En ese contexto, las movilizaciones empiezan a crecer y a multiplicarse. No son solo una protesta. Son, para muchos, la última forma de hacerse escuchar.

Porque detrás de cada cartel hay una historia concreta. Y detrás de cada prestación que se retrasa, hay una vida que queda en pausa.