Argentina
Alerta por la modificación de la ley de glaciares: qué se debate hoy en el Senado y por qué importa
Diferentes organizaciones ambientales, científicos y comunidades advierten que la reforma pone en riesgo reservas de agua dulce en un contexto de cambio climático y sequías crecientes.
Desde las 11 la Cámara alta tratará la modificación de la Ley 26.639 , la norma que protege glaciares y ambientes periglaciales, en una sesión con votos al límite. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados, delega en las provincias la decisión sobre sí los cuerpos de hielo son “reservas estratégicas” y abre la puerta a proyectos mineros en zonas hasta ahora protegidas. Diferentes organizaciones ambientales, científicos y comunidades advierten que la reforma pone en riesgo reservas de agua dulce en un contexto de cambio climático y sequías crecientes.
¿Qué cambia la reforma y cómo se aplicaría en el territorio?
El proyecto introduce una distinción entre las áreas de periglaciares y las geoformas periglaciales, condiciona la inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares (ING) a que las provincias declaren esas zonas como reservas estratégicas mediante estudios de la autoridad ambiental local.
Ese cambio desplaza la protección desde un marco nacional y científico hacia decisiones provinciales discrecionales. Se elimina la prohibición de minería sobre ambientes periglaciales y se habilitan emprendimientos cercanos a glaciares siempre que la jurisdicción considere que no afectan reservas hídricas; además, las actividades solo quedarían vedadas si alteran “de modo relevante su condición natural”, un umbral ambiguo y sujeto a interpretación administrativa.
Especialistas advierten que la redacción reduce el papel del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y corre el piso mínimo de protección nacional, de modo que muchos glaciares ya inventariados podrían quedar sin resguardo hasta que cada provincia los reconozca como estratégicos.
La pulseada en el Senado y el tablero de votos
El oficialismo llega al recinto con los números al límite. “Es uno arriba, uno abajo”, repiten legisladores que siguen la negociación, y la realidad parlamentaria lo confirma. El bloque libertario acompaña en bloque pero no alcanza por sí solo y los apoyos provienen de una suma dispersa de radicales, exgobernadores y bloques provinciales. Esa fragmentación obliga a negociaciones de último minuto y a concesiones puntuales para asegurar quórum y media sanción.
A la presión política se suma la presión territorial. Gobernadores, intendentes y cámaras empresarias empujan por la promesa de inversiones y empleo mientras comunidades locales y organizaciones ambientales intensifican movilizaciones y campañas públicas para frenar la reforma. Dentro del peronismo referentes de La Cámpora y otras estructuras partidarias han marcado postura contraria y eso complica a senadores con base territorial en provincias donde el agua y los glaciares son bienes estratégicos, ya que acompañar el proyecto puede tener costo electoral. El resultado es una votación de alta incertidumbre en la que pesan por igual los argumentos técnicos y los cálculos políticos.
Riesgos ambientales, sociales y jurídicos
El inventario del IANIGLA contabiliza casi 17.000 glaciares en Argentina y muestra retrocesos significativos en varias regiones. Expertos y diferentes ONGs advierten que los glaciares y ambientes periglaciales son reservas estratégicas de agua, en muchos casos algunas de las cuencas son el único abastecimiento hídrico en las zonas donde se encuentran. La modificación, sostienen, equivale a una privatización de facto del acceso al agua porque prioriza el desarrollo minero sobre el derecho humano al agua.
Tocar glaciares de escombros, presentes en su mayoría en la región del Cuyo y con alto porcentaje de agua en su masa, puede aumentar deslizamientos y sedimentos en ríos, dañando fauna, flora y la provisión de agua para poblaciones locales. Además, hay denuncias de desarrollos mineros ya operando en contravención de la ley vigente, la redacción propuesta podría tener efectos retroactivos que legitimen esas irregularidades.
Finalmente, la provincialización de la decisión en nombre del “federalismo ambiental” plantea un problema de soberanía y de aplicación del principio precautorio, dejar desprotegidos a todos los glaciares hasta que se demuestre su valor hídrico invierte la lógica de protección preventiva que rige en materia ambiental.
