El Congreso dio media sanción a la baja de la edad de punibilidad; la norma avanza entre críticas y dudas

Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; el texto fue modificado respecto del original y la falta de un compromiso claro de financiamiento a las provincias encendió la polémica.

El oficialismo celebró su segunda victoria legislativa del año tras lograr la media sanción de la reforma del régimen penal juvenil, que fija la edad de responsabilidad penal en 14 años y establece una pena máxima de 15 años. Para conseguir los votos necesarios, el proyecto enviado por el Ejecutivo fue reescrito: originalmente proponía bajar la edad a 13 años y contemplaba una pena máxima de 20 años. La votación terminó 149 a favor y 100 en contra.

El bloque oficialista contó con el respaldo de aliados y legisladores provinciales. Entre los apoyos se destacaron diputados del interbloque Fuerza del Cambio, el PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal (con Miguel Ángel Pichetto), Producción y Trabajo, País Federal, Coalición Cívica, La Neuquinidad, Innovación Federal y el bloque Provincias Unidas, que votó de manera uniforme a favor. El massismo aportó un diputado para el quórum y, aunque rechazó la iniciativa en general, varios de sus miembros respaldaron el primer capítulo que plantea la baja de la edad de responsabilidad penal. En contra se pronunciaron la mayoría los representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca y legisladores de distintos espacios provinciales.

Críticas y dudas sobre financiamiento y efectos

El debate dejó en evidencia que la reforma llega más como una respuesta política que como una solución estructural. La diputada cordobesa, miembro informante del oficialismo, Laura Rodríguez Machado, defendió el dictamen como “un gran paso para Argentina” y sostuvo que la ley vigente es “ineficiente, no preventiva y sin reparación para las víctimas”. En contrapartida, voces como la del diputado Juan Carlos Molina advirtieron que la reforma tiende a criminalizar a los niños y que golpeará con mayor dureza a los sectores más pobres. Desde la izquierda, Myriam Bregman y Romina del Plá denunciaron que la iniciativa persigue penalmente a las juventudes.

En el dictamen final se incorporó una asignación presupuestaria superior a 23 mil millones de pesos, pero varios diputados la calificaron de insuficiente y señalaron que no existe un compromiso explícito de transferencias federales a las provincias para costear la implementación del nuevo régimen. Ese vacío en el financiamiento fue el punto más polémico en la votación particular: representantes de distintos bloques advirtieron que, sin centros especializados, personal capacitado y programas de prevención, la ley corre el riesgo de quedar en letra muerta o de profundizar la estigmatización y el encierro de jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Organizaciones de derechos humanos y colegios profesionales calificaron la reforma como un retroceso en derechos y una violación del principio de no regresividad consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño. El Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que la iniciativa prioriza el castigo por sobre la protección y reclamó más inversión en educación, salud y deporte. Considerando que el problema no es la edad sino la ausencia de oportunidades y políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y la exclusión.

Con la media sanción, la iniciativa ahora debe ser tratada en el Senado. La discusión que viene no es solo técnica: exige responder si el país está dispuesto a acompañar la decisión con recursos, infraestructura y programas de prevención, o si se conformará con una medida punitiva que podría reproducir los mismos problemas que pretende corregir. Si el Senado aprueba la norma sin un plan federal de implementación y sin garantías de transferencia a las provincias, lo más probable es que la reforma termine profundizando la criminalización de la pobreza y la exclusión social.