Pese a que Mansilla reconoce que 54 mil familias necesitan asistencia, José C. Paz no declara la emergencia alimentaria

Aunque el secretario de Gobierno, Juan Pablo Mansilla, denuncia recortes y falta de insumos, el intendente en licencia Mario Ishii no declara la emergencia alimentaria. La contradicción expone la tensión entre el discurso y las decisiones políticas.

En medio de un escenario económico adverso y con fuertes críticas hacia Nación y la Provincia, el municipio de José C. Paz quedó envuelto en una contradicción difícil de explicar: mientras su propio secretario de Gobierno, Juan Pablo Mansilla advierte sobre una situación social crítica, la gestión local evita declarar formalmente la emergencia alimentaria.

Durante una entrevista con el programa de streaming Border, Mansilla aseguró que unas 54.000 familias del distrito dependen del programa “Mesa Bonaerense” para acceder a alimentos y alertó sobre la falta de recursos enviados por la Provincia. También describió el contexto de creciente pobreza, caída del consumo y dificultades en el sistema de salud que sufren paceños.

Sin embargo, pese a ese diagnóstico, el intendente en licencia Mario Ishii —referente histórico del distrito— y su equipo no avanzó con una declaración de emergencia que permitiría habilitar herramientas administrativas y financieras extraordinarias para afrontar la crisis. La ausencia de esa medida abre interrogantes. Por un lado, el municipio reclama asistencia urgente, por otro, evita formalizar institucionalmente la gravedad de la situación que sus propios funcionarios describen.

Pero la tensión no sólo se da hacia arriba. En el propio territorio empiezan a surgir voces que exigen definiciones concretas. El referente político Rodrigo Facundo Barrios pidió declarar de manera urgente la emergencia alimentaria en el distrito y propuso reasignar recursos municipales para reforzar la asistencia en comedores y merenderos.

“Cada vez cuesta más llenar la olla. Aumentan los servicios, aumenta la comida y muchas familias necesitan asistencia. La emergencia alimentaria no puede esperar”, expresó, al tiempo que impulsó una campaña de recolección de firmas para llevar el reclamo al Concejo Deliberante.

En los barrios, la situación refuerza0 ese planteo. Ollas que rinden menos, filas que se alargan y comedores que reducen porciones o días de atención son escenas cada vez más frecuentes. Referentes comunitarios advierten que la demanda crece semana a semana y que la ayuda ya no alcanza.

El contraste se profundiza en el plano político. Mansilla cuestionó decisiones del gobernador Axel Kicillof, especialmente en materia de obra pública y asignación de recursos, aunque intentó despegarse de una interna partidaria. “No estamos en contra del gobernador, estamos en contra de algunas decisiones”, afirmó.

Aun así, el tono de sus declaraciones, que incluyeron críticas a funcionarios provinciales como el Cuervo Larroque, dejó al descubierto una relación tensa dentro del oficialismo, donde los reclamos territoriales empiezan a expresarse públicamente.

En paralelo, el municipio destaca su rol en la contención social, con políticas de asistencia directa que incluyen alimentos, insumos y servicios básicos. Pero esa misma centralidad en la ayuda también pone en evidencia otro  gran problema de fondo, la dependencia estructural de miles de familias a programas alimentarios sin que se vislumbren soluciones de largo plazo.

La falta de una declaración de emergencia no sólo tiene implicancias administrativas, sino también políticas. Implica reconocer formalmente una situación crítica que, según describen tanto funcionarios como actores territoriales, ya es parte de la vida cotidiana en los barrios.

“No pedimos privilegios, pedimos que no se desampare a las familias”, sostuvo Mansilla. Sin embargo, sin una medida concreta como la declaración de emergencia alimentaria, ese reclamo queda atrapado entre el diagnóstico alarmante y la ausencia de decisiones acordes a la gravedad planteada.