Buenos Aires
José C. Paz: denuncian que faltó combustible para los patrulleros y piden investigar al Municipio
Nicolás Lemos, integrante del Movimiento Evita de José C. Paz, presentó una denuncia penal por la presunta falta de combustible que habría dejado fuera de servicio a 18 patrulleros en el distrito.
Nicolás Lemos, integrante del Movimiento Evita de José C. Paz, presentó una denuncia penal para que se investigue la falta de combustible en móviles policiales durante septiembre. La presentación también apunta al manejo de los fondos públicos destinados a seguridad y a las responsabilidades del Municipio.
La seguridad en José C. Paz vuelve a quedar en el centro de la discusión. Esta vez, el foco está puesto en el funcionamiento de los patrulleros y en una denuncia que busca esclarecer por qué alrededor de 18 móviles policiales habrían quedado fuera de servicio durante septiembre por falta de combustible.
La presentación fue realizada por Nicolás Lemos, integrante del Movimiento Evita de José C. Paz, ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. El escrito solicita investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y eventuales irregularidades en la administración de los recursos destinados a seguridad.
Pero el origen del reclamo tiene un episodio todavía más grave. Según relata Lemos en la denuncia, el 24 de septiembre su vivienda y la de una vecina fueron atacadas a disparos. Después de ese hecho, solicitó en reiteradas oportunidades custodia policial y asegura que recibió una respuesta que expone una situación preocupante: no había combustible suficiente para los patrulleros.
A partir de esa situación, comenzó a realizar consultas ante autoridades del área de Seguridad de la Provincia. Según afirma en el documento judicial, allí le informaron que el abastecimiento de determinados móviles era responsabilidad de la Municipalidad de José C. Paz.
La pregunta que ahora busca responder la Justicia es concreta: ¿por qué faltaba combustible para los patrulleros y qué pasó con los recursos destinados a garantizar su funcionamiento?
Un convenio que compromete al Municipio
Uno de los elementos centrales de la denuncia es la Resolución 2174/2025 del Ministerio de Seguridad bonaerense, publicada en el Boletín Oficial el 3 de noviembre de 2025.
A través de esa resolución se aprobó un convenio de comodato por el cual la Municipalidad de José C. Paz entregó 14 camionetas Volkswagen Amarok Trendline para tareas de seguridad pública.
El acuerdo establece que el Municipio debe hacerse cargo del mantenimiento, combustible, ploteo, equipamiento adicional y reparación de esas unidades. La Provincia, por su parte, asumió la contratación de los seguros.
Para Lemos, este antecedente resulta fundamental porque permite identificar obligaciones concretas que había asumido el gobierno municipal.
Sin embargo, hay una diferencia que deberá esclarecerse: la denuncia habla de aproximadamente 18 patrulleros fuera de servicio, mientras que el convenio mencionado comprende 14 camionetas. Por eso, también solicita determinar qué régimen de abastecimiento tenían los restantes móviles.
¿Qué pasó con los fondos destinados a seguridad?
La denuncia no se limita al combustible. También pone bajo análisis la administración de los recursos públicos destinados a fortalecer la seguridad en el distrito.
En particular, solicita investigar los fondos provinciales transferidos durante 2025 y 2026, las partidas municipales destinadas a combustible, las posibles deudas con proveedores y la ejecución presupuestaria.
Entre la documentación que pide incorporar se encuentran órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, contratos con proveedores y registros de los móviles que estuvieron operativos durante septiembre.
El objetivo es determinar si existían recursos disponibles para garantizar el funcionamiento de los patrulleros y si hubo decisiones u omisiones administrativas que pudieron afectar el servicio.
Otro punto que aparece en el escrito tiene que ver con las comunicaciones mantenidas con autoridades provinciales.
Según relata el denunciante, desde el área de Seguridad le explicaron que el Municipio tenía obligaciones de abastecimiento asumidas mediante el convenio y que la Provincia enfrentaba dificultades administrativas y contables para hacerse cargo directamente del combustible.
Lemos solicitó que estas afirmaciones sean verificadas mediante informes oficiales y que se determine si existieron reclamos formales al gobierno municipal para resolver el problema.
Mientras tanto, la denuncia también pide revisar los registros del Comando de Patrullas, las planillas de combustible, los libros de guardia y las comunicaciones internas que pudieran dar cuenta de las dificultades operativas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a José C. Paz: el funcionamiento de los recursos destinados a la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
Para Lemos, la situación no es solamente una cuestión administrativa. En su presentación sostiene que la presunta falta de combustible tuvo consecuencias concretas cuando necesitó protección policial después de sufrir un ataque armado.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si efectivamente hubo patrulleros paralizados, cuáles fueron los motivos y si existieron responsabilidades de funcionarios públicos.
En un distrito donde la inseguridad forma parte de las principales preocupaciones de los vecinos, la denuncia abre nuevos interrogantes sobre la administración de los recursos destinados a cuidar a la población.
