Zona Norte
¿Municipio que acompaña el trabajo o municipio que persigue? La clausura a un almacén que desató una nueva polémica en José C. Paz
La clausura de un almacén cooperativo en José C. Paz generó polémica. El Municipio habló de infracciones, pero denuncian un operativo desmedido que dejó a cinco familias sin trabajar.
La clausura de un almacén de la Cooperativa JCP en el barrio Parque Jardín volvió a encender la discusión sobre el accionar del Municipio de José C. Paz y la utilización de los controles comerciales en medio de un clima político cada vez más tenso.
El episodio ocurrió durante un operativo realizado durante la madrugada del domingo y generó repercusión por el importante despliegue de patrulleros y personal municipal. Vecinos de la zona cuestionaron la magnitud del procedimiento y se preguntaron si era necesario semejante operativo para intervenir un comercio barrial.
La polémica tomó estado público luego de que el referente peronista opositor Rodrigo Barrios denunciara que el almacén 24 horas de la Cooperativa JCP había sido clausurado por el municipio. Según su versión, la medida dejó sin actividad laboral a cinco familias durante tres días y respondió más a diferencias políticas que a cuestiones administrativas.
Tras la difusión de videos y denuncias públicas, la Municipalidad emitió un comunicado oficial en el que informó que el local fue clausurado preventivamente por infracciones a la normativa provincial vigente.
Según la explicación oficial, el comercio no contaba con licencia REBA (Registro de Expendedoras de Bebidas Alcohólicas) y además exhibía y comercializaba bebidas alcohólicas fuera del horario permitido por las leyes provinciales.
Desde el Ejecutivo local sostuvieron que la intervención respondió exclusivamente al cumplimiento de las normas y remarcaron que el objetivo fue preservar el ordenamiento urbano y garantizar que la actividad comercial se desarrolle dentro del marco legal.
Sin embargo, el comunicado oficial no logró apagar la polémica.
Desde la Cooperativa JCP sostienen que el operativo fue excesivo y remarcan que la clausura afectó directamente a cinco familias que dependen del emprendimiento para trabajar. Además, cuestionan que la intervención se haya realizado con un importante despliegue de móviles y personal municipal durante la madrugada.
En ese contexto comenzaron a multiplicarse las críticas en redes sociales y entre vecinos del distrito. Las preguntas aparecieron casi de inmediato: ¿se trató de un procedimiento habitual de control o de una demostración de fuerza innecesaria? ¿Es esta la forma de acompañar a cooperativas y pequeños comercios en medio de la crisis económica? ¿Por qué algunas publicaciones oficiales vinculadas al tema aparecieron con los comentarios restringidos?
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Más allá de las explicaciones brindadas por el Municipio, el episodio volvió a poner en discusión la relación entre la gestión de Mario Ishii y los sectores que mantienen posiciones críticas dentro de José C. Paz.
En un distrito donde los reclamos por empleo, salarios y situación económica son cada vez más frecuentes, la imagen de varios patrulleros interviniendo un almacén cooperativo no pasó desapercibida. Y aunque el gobierno municipal sostiene que actuó dentro de la ley, la controversia está lejos de cerrarse.
Por el contrario, el caso reavivó una discusión que atraviesa a gran parte de la política local: si los controles se aplican con el mismo criterio para todos o si algunos sectores sienten que reciben un trato diferente cuando expresan posiciones críticas frente al poder municipal.
